Usaid bajo investigación por el Gobierno Ecuatoriano

Actualmente la Administración Pública le sigue la pista a los siguientes proyectos llevados a cabo en Ecuador por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por considerarlos no transparentes, intrusivos y desestabilizadores.

- “Ciudadanía Activa” y “Fortalecimiento de la Democracia” ejecutado por la Corporación Participación Ciudadana, entidad  ligada a Fundamedios. Estas dos organizaciones, en los últimos años, han mantenido una línea de oposición política e ideológica al Gobierno de Rafael Correa,   aunque sus voceros  aseguran que no es así y que su posición es “política e ideológicamente independiente, que defienden el respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa y de expresión”.
Con financiamiento de la Usaid, estas organizaciones estarían colaborando con Washington para lograr influencia política en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 
Tal influencia política se estaría gestando especialmente a través de   “Ciudadanía Activa”. Sin embargo,  Grupo Faro y Fundamedios, que  han liderado campañas en contra del Proyecto de Ley de Comunicación y en contra del Decreto 982, niegan que los recursos estadounidenses que reciben  los utilicen también para desarrollar una campaña para evitar la regulación estatal de ONGs. Igual sostienen Esquel y el FEPP.


El Grupo Faro, presidido por Orazio Bellettini Cedeño, firmó el contrato con la Usaid para ejecutar el proyecto “Ciudadanía Activa”, el 29 de diciembre de 2010. Se planificó  para un plazo de 29 a 30 meses, periodo en el cual la  Usaid desembolsaría  2’580.000 dólares.
Sin embargo, las cifras son confusas: la  Usaid dice  que  el convenio actualmente asciende a 1,8 millones de dólares, mientras que  Faro indicó que es por  1,3 millones. Ninguna de las dos organizaciones, pese al requerimiento de El Telégrafo, facilitó los documentos de respaldo.
Por su parte, Fundamedios no reveló cuánto cobra por su aporte como subcontratista; Esquel, sin mostrar documentos, manifestó que cobra 181.502 dólares por su aporte técnico de dos años; y el FEPP dijo que cobra 172.000 dólares.
El proyecto, que  coincidencialmente concluirá el 30 de junio de 2013, luego de los comicios generales en Ecuador, está en plena ejecución. Entre las actividades  figuran: aumentar las capacidades de incidencia y vigilancia de las OSC, con especial atención al Consejo de Participación  Ciudadana y a las instituciones relacionadas con el control y regulación de la comunicación, a través de talleres, foros, capacitaciones en estrategias de presión y vigilancia (lobby).
 

— “Gestión Integrada de Territorios Indígenas”, que se ejecuta desde 2007 en Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana y Pastaza. Tendría como fin la conservación de la biodiversidad, el crecimiento económico, los sistemas de gobernanza y liderazgo, y el  fortalecimiento de las organizaciones y grupos indígenas. Se ejecuta a través de la ONG  Wildlife Conservation Society (WCS) y trabaja con organizaciones indígenas locales de base.
 
— “Programa de Desarrollo Municipal Integral (PIDEM)”: se ejecuta como una fase posterior al Programa de Desarrollo de la Frontera Norte (Pronorte). El objetivo, supuestamente, es mejorar las condiciones de vida de las poblaciones del norte del Ecuador, a través de una estrategia que comprende la dotación de infraestructura básica (sistemas de agua y saneamiento) y productiva (caminos, puentes, canales de riego), así como de fortalecimiento a la sociedad civil y a los gobiernos locales.
 
— “Programa Red Productiva II”, que busca mejorar la competitividad y capacidad de exportación a través de la articulación de miembros del sector privado, ONG y empresas anclas. Este programa se implementa a través de la empresa internacional con fines de lucro CARANA Corporation.
 
— “Costas y Bosques Sostenibles”, que abarca tres provincias del Ecuador y se realiza con fondos estadounidenses por 13,3 millones de dólares, es motivo de análisis. Su ejecución está a cargo de la empresa Chemonics International Inc, la cual fue expulsada de Bolivia, según dijeron autoridades de ese país, por impulsar adoctrinamiento político e ideológico para desestabilizar al  gobierno.
El proyecto en Ecuador tendría grandes intereses económicos y de investigación, encaminados al control de importantes recursos naturales, minerales y energéticos, considerando el grado de dependencia que tienen con los EE.UU. Su objetivo sería conocer qué recursos naturales posee Ecuador y América Latina a fin de echar abajo las condiciones de negociación que plantea actualmente la región, lo que constituye una oportunidad histórica para asumir soberanamente la gestión económica y científica de dichos recursos.